La Ley Mordaza es una ley aprobada en España en 2015 y que fue la primera ley restringiendo el derecho a la libertad de expresión en el país desde la Constitución de 1978.
Esta ley es también conocida como Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana y fue aprobada por el gobierno del Partido Popular con el propósito de cambiar los parámetros jurídicos que existían para la libertad de expresión en el país, reduciendo los espacios de libertad de expresión de la población.
Esta ley se enfrenta con decisión a la libertad de expresión y provoca el rechazo de importantes sectores de la sociedad, que se unen para hacer frente a la aplicación de una ley que restringe la libertad de expresión y criminaliza las manifestaciones, además de represiones policiales, con su consiguiente violación de derechos humanos y de la Constitución española.
La Ley Mordaza se encuentra en la disposición adicional quince de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana, en la que se establece la «Regulación de las actuaciones policiales a fin de imponer sanciones administrativas».
Esta disposición se refiere a «actos o comportamientos que constituyan delitos o infracciones», entre estos actos se incluyen desde insultos a menciones a asuntos relacionados con el ejército o la monarquía española.
Esta disposición incluye una amplia y detallada regulación de las multas que se imponen a los infractores y descalifica cualquier acto de protesta pacífica. Esta disposición de la ley establece multas por una amplia variedad de circunstancias, tales como el uso de la Fuerza Pública para disolver manifestaciones, el uso de la Fuerza Pública para impedir la realización de manifestaciones pacíficas, el uso de la Fuerza Pública para disolver agrupaciones, la interrupción de los dispositivos de prevención, desalojos y la realización de manifestaciones públicas no autorizadas.
Junto a esta disposición se incluyen otra serie de reformas legales que firman sin dudas la violación de los derechos fundamentales de los españoles, a tal punto que la Agencia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otras, han rechazado rotundamente esta ley.
Y es que la Ley Mordaza restringe el derecho a reunión constitucionalmente permitido así como el derecho a la libertad de expresión, lo que impide la expresión de ideas, aún si esas son legítimas.
De la misma forma, la Ley Mordaza establece multas a los periodistas o a aquellos que divulguen información relacionada con los incidentes del orden público y las protestas pacíficas. La utilización de información obtenida a partir del uso de drones, la presencia de periodistas en los contenedores de prevención, así como el grabar o hacer fotos de la actuación de la policía, son algunas de las conductas objeto de sanciones administrativas por parte de esta ley.
Entre los sectores más afectados por la Ley Mordaza encontramos el colectivo estudiantil, que se vio imposibilitado de desarrollar actividades de denuncia pública como el encarcelamiento de estudiantes al tratarse de actividades prohibitivas para los funcionarios de seguridad y coordinadores.
Así mismo, otro de los sectores afectados es el de activistas y defensores de los derechos humanos que se ven limitados a la hora de desarrollar actividades relacionadas con la expresión de opinión y las discusiones sobre temas políticos y sociales de interés para la población en general.
Es así que, a partir de la aplicación de la Ley Mordaza, se ha denunciado en España un alto nivel de represión a los movimientos sociales, con linchamientos sociales en los medios de comunicación que impiden el ejercicio de la libertad de expresión con el objetivo de generar temor en la ciudadanía y aumentar el control policial sobre quienes se expresan mediante manifestaciones pacíficas.
En conclusión, la Ley Mordaza se trata de una legislación relacionada con los derechos humanos, y que restringe la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente en el país.
Esta ley es objeto de muchas críticas y ha generado un gran descontento entre la población española, así como el rechazo de grandes afirmaciones y organismos internacionales por la violación de derechos fundamentales.
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