La doctrina Parot es un principio legal aplicado en el sistema jurídico español que tiene como objetivo garantizar unas penas cumplidas ajustadas a la gravedad del delito cometido. Esta doctrina fue establecida en 1982, cuando la Audiencia Nacional ratificó el fallo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, según el cual los beneficios penitenciarios para los delincuentes penalmente condenados por delitos previstos en el Código Penal deben estar adecuados al delito cometido, sin que puedan sufrir una reducción como resultado de las normas sobre los beneficios penitenciarios vigentes en el momento de su condena.
En términos de la jurisprudencia de la doctrina Parot, también conocida como la doctrina de la reducción imperativa de la rebaja de pena, esto significa que los beneficios penitenciarios no pueden representar una reducción excesiva de la pena.
Esto significa que para delincuentes condenados por delitos pensados en el Código Penal, los beneficios penitenciarios serían reducidos de un modo imperativo. Esta doctrina se aplicaría así cuando la naturaleza y la gravedad de los delitos cometidos justificaran una sanción penitenciaria determinada. Además, la doctrina Parot prescribe que los condenados por delitos del Código Penal solo tendrían la oportunidad de obtener beneficios penitenciarios y libertad condicional si y solo si cumplían al menos la mitad de los años de pena impuestos.
Esta prescripción se aplica a todos aquellos condenados por delitos previstos en el Código Penal independientemente de la naturaleza, gravedad y circunstancias del crimen cometido. Esta doctrina fue dictada por el Tribunal Supremo con el fin de evitar que los condenados pudieran conseguir una reducción polemizada de la pena impuesta como consecuencia del uso por parte de los reclusos de diversos beneficios penitenciarios como la libertad condicional anticipada, el indulto y la reducción de la rebaja, entre otros.
La doctrina fue nombrada así debido a su origen en el caso Parot, donde se abrió el precedente interpretativo de la ley española. Por otra parte, en el año 2006 se suscitó la controversia de la “lex Parot”, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que esta discriminación por aspecto temporal violaba los derechos humanos fundamentales de los delincuentes.
El Tribunal encontró que el principio de la “lex Parot” contradijo los derechos de los condenados a servir la pena impuesta sin discriminación. Posteriormente, en el año 2014, el Tribunal Constitucional reconoció el principio de igualdad y la protección de los derechos humanos al declarar inconstitucional la aplicación de esta normativa. A modo de conclusión, es importante destacar que la doctrina Parot tuvo un gran impacto en el sistema penal español y en la forma en que se tratan los delitos prescritos por el Código Penal y los beneficios penitenciarios previstos para los condenados.
La aplicación de esta doctrina aseguraba la adecuación de las penas impuestas a los delincuentes y el respeto de los derechos de éstos a servir la pena estipulada sin discriminación. Aunque esta doctrina ha sido ampliamente cuestionada por su apariencia discriminatoria, sigue siendo un principio legal importante para el sistema jurídico español.
