La Ley Mordaza es una ley española que restringe las libertades de expresión y manifestación, prohíbe las reuniones callejeras no autorizadas y multa a los infractores.
La Ley Mordaza fue ampliamente criticada por los grupos de derechos humanos, activistas e incluso partidos políticos por las disposiciones en ella contenidas. Las principales críticas están relacionadas con la restricción excesiva de las libertades de expresión y manifestación. La Ley permite multas a los periodistas o a los ciudadanos por cubrir reuniones políticas o sociales, o por difundir contenido crítico o crítico de la autoridad en línea.
Sin embargo, muchos críticos sostienen que estas restricciones excesivas son una violación de los derechos humanos básicos y de la libertad de expresión. Algunos de los aspectos más polémicos de la Ley Mordaza incluyen la prohibición de fotografiar o grabar a policías durante el cumplimiento de sus deberes, que puede considerarse una restricción a la libertad de información.
También hay algunas conversaciones sobre los montos excesivos y desproporcionados de las multas, que van desde 600 euros para una infracción menor, hasta hasta 30. Además, la Ley Mordaza incluye algunas disposiciones que permiten a la policía detener a la gente sin ningún motivo comprobable. Esto ha generado un gran descontento entre las personas porque ciudadanos perciben un abuso de poder de la policía. La controvertida Ley Mordaza ha sido considerada una amenaza para la libertad de expresión en España. Muchos grupos de derechos humanos han pedido que se retiré porque consideran que restringe drásticamente el derecho a la libre expresión. La controversia no ha disminuido desde su aprobación, y algunos parlamentarios y miembros de la sociedad civil han seguido presionando para su rechazo. A pesar de que muchos argumentaron que la Ley Mordaza es necesaria para garantizar la seguridad pública, la percepción general es que los políticos lo usaron para evitar críticas al gobierno a través de la restricción excesiva de los derechos civiles.
Mientras, muchos otros argumentan que esta Ley va en contra de los principios de democracia y libertad de expresión, por lo que debería ser reformada o abolida.
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