El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es uno de los principales elementos de la política salarial a nivel nacional, establecido como el sueldo básico que todos los trabajadores, con carácter general, deben percibir como salario bruto.

A partir de 1941, en España, el Estado empieza a intervenir en materia de salarios.

Hasta entonces, éstos eran fijados libremente por las partes, independientemente de si se trataba de trabajadores por cuenta ajena o de por cuenta propia. La creación del SMI fue aprobada por la Ley 22/2012, de 20 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, para el año 2013. Esta ley establece una subida del SMI de 5,2 % más el IPC (índice de Precios al Consumo). El SMI se define como un salario bruto mensual y su importe para 2021 es de 900,20€. Está vinculado al IPC, de tal manera que, cuando se produzca una variación, el salario subirá o bajará en función del IPC situado al mes de abril anterior. El SMI se dirige a todos los trabajadores, incluidos los autónomos, tanto por cuenta propia como ajena, tanto de cotización obligatoria como voluntaria, así como los contratos especiales. El SMI también es aplicable a los contratos temporales, fijos discontinuos y a los trabajos eventuales, de acuerdo con la LFT (Ley del tiempo de servicio). Un trabajador tiene derecho a percibir el SMI cuando la remuneración que percibe por cuenta ajena no alcance el salario mínimo legal vigente y si los trabajadores por cuenta propia optan voluntariamente por su aplicación.

De forma general, los convenios colectivos que establezcan un salario inferior al SMI no serán de aplicación.

Esto ocurrirá tanto en el caso de la contratación a tiempo completo a tiempo parciales.

Cuando los trabajadores reciban un salario inferior al SMI, legalmente el trabajador tendrá derecho a la percepción íntegra del salario mínimo. En estos casos, no se podrán aplicar los elementos remunerativos del contrato, como la antigüedad, la productividad, la calidad de los trabajadores, etc. Además del salario, los trabajadores tendrán que percibir los complementos salariales establecidos en la legislación laboral, tales como pagas extras, primas de productividad, incentivos salariales, primas de antigüedad, entre otros. La realidad es que muchos trabajadores aún reciben salarios inferiores al SMI debido a la continuada degradación del poder adquisitivo o a la situación económica general. Por esta razón, resulta fundamental que los trabajadores controlen si recibes el salario mínimo legalmente establecido. Si no es así, lo ideal sería acudir a un abogado experto en el tema para que les guíe y les asesore acerca de las acciones que se puedes realizar para reclamar la cantidad totalmente debida.

En resumen, el SMI es una herramienta clave para proteger a los trabajadores y asegurar un salario justo y adecuado para los trabajadores. Esta medida se encuentra perfectamente regulada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que se recomienda que los trabajadores se informen sobre sus derechos en materia de salario y, si es necesario, demandar el salario que les corresponda mediante la asistencia legal.

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